El Tribunal Supremo de EEUU acordó hoy examinar los esfuerzos del Gobierno federal de acusar de robo de datos personales a los inmigrantes indocumentados que resultan arrestados durante las redadas.
En concreto, la corte revisará si las autoridades federales tienen que demostrar que los indocumentados acusados por el robo y uso de cédulas de identidad y del Seguro Social sabían de antemano que los documentos pertenecían a una personal real.
El Gobierno ha acusado a los inmigrantes indocumentados de robo de documentos personales para persuadirlos a que se declaren culpables por infracciones migratorias de menor cuantía.
El Departamento de Justicia ha presentado esos cargos contra los inmigrantes aún cuando no tiene pruebas de que éstos sabían que los datos falsificados pertenecían, por azar, a trabajadores de carne y hueso.
El asunto mantiene dividido a los tribunales de apelaciones en todo EEUU, y el Tribunal Supremo tiene previsto emitir un dictamen al respecto el próximo año.
Las leyes federales prohíben la contratación de inmigrantes indocumentados. Para conseguir empleo, los indocumentados inventan números de Seguro Social o comprar documentos de identidad falsos.
En varias redadas, incluida la efectuada en mayo en una planta procesadora de carne en Postvill (Iowa), las autoridades federales han acusado a los indocumentados de robo de documentos de identidad, un cargo que incluiría una sentencia carcelaria.
El caso ante el Tribunal Supremo emana de una demanda presentada contra el Gobierno por Ignacio Flores Figueroa, un inmigrante mexicano que utilizó una cédula de identidad falsa para conseguir empleo en una fábrica de acero en el estado de Illinois.
El inmigrante fue condenado por “robo de identidad con agravantes” y sentenciado a más de seis años de prisión.
La defensa argumentó que el Gobierno no logró demostrar que el acusado sabía que los documentos no eran ficticios sino que pertenecían a una persona real.
En otros casos similares, la defensa ha insistido en que los inmigrantes clandestinos utilizaron los documentos sólo para conseguir empleo y no sabían que éstos pertenecían a una persona.
El Congreso de EEUU facilitó la presentación de cargos por el “robo de identidad con agravantes” en una ley de 2004, que define el cargo como la posesión, transferencia o uso de documentos de identificación de otras personas sin su debida autorización.
El Tribunal de Apelaciones del octavo distrito apoyó el dictamen del tribunal federal de Iowa en contra de Flores Figueroa.
Antes de que el caso de Flores Figueroa llegase ante la máxima corte de Estados Unidos, algunos tribunales habían determinado que no era necesario que el Gobierno federal demostrara si el acusado sabía o no a quién pertenecían los documentos.
Esos tribunales aceptaron la postura del Gobierno respecto a éste y otros casos relacionados con el robo de datos personales.
En total, tres tribunales de apelaciones se han puesto del lado del Gobierno, pero un número similar dictaminó en su contra, por lo que ahora queda en manos del Tribunal Supremo resolver la controversia.
En el supuesto de que el Tribunal Supremo falle en contra del Gobierno, eso no afectaría los esfuerzos de las autoridades federales de enjuiciar a delincuentes que roben documentos en casos no relacionados con inmigración, como ocurriría en el caso del uso delictivo de tarjetas de crédito o de Seguro Social.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), a cargo de las redadas en sitios laborales, no ha querido comentar sobre el caso de Flores Figueroa.
Sin embargo, una portavoz del ICE, Pat Reilly, dijo al diario “The Washington Post” que la agencia “buscará presentar los cargos de mayor nivel que sean posibles contra cualquier persona que descubra en una operación laboral (redada) u otro tipo de actividad ilegal”.
Los estudiantes indocumentados de California siguen luchando para que los legisladores tomen conciencia de su situación y aprueben leyes que les permitan lograr su sueño de tener una carrera universitaria.
