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No se rinden

No se rinden

Activistas que acusan al gobierno de Barack Obama de no dar prioridad a la reforma migratoria están reforzando su cabildeo y planes legislativos para refrescar de nuevo el asunto y llevarlo a la mesa de negociaciones.

En un momento en que la economía se ha convertido en el principal frente de batalla del gobierno, muchos activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes están presionando a legisladores favorables a su causa y atrayendo la atención de votantes que se interesan por cambios en el sistema migratorio.

“No vamos a gritar simplemente ‘¿Sí se puede!’, ‘‘¡Sí, se puede!”’, dijo Jorge Mújica, una activista en Chicago. “Vamos a poner presión para discutir los detalles”.

Los últimos años han sido muy intensos para activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes. Más de un millón de personas marcharon en el 2006 para demostrar su oposición a un proyecto de ley considerado antiinmigrante.
Desde entonces, dos intentos legislativos para cambiar el sistema de inmigración del país han fallado.

Muchos esperaban que Obama retomaría el tema de la reforma migratoria durante sus 100 primeros días en el poder. Algunos incluso dijeron que Obama aprobaría una moratoria a las redadas de inmigrantes.

“La gente está decepcionada con el hecho de que las cosas no hayan avanzado”, afirmó Raúl Hinojosa-Ojeda, profesor de la Universidad de California. “Están empezando a organizarse con sus propias prioridades”.

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¿Cuánto cuesta la salud de los inmigrantes?

¿Cuánto cuesta la salud de los inmigrantes?

Seguramente usted lo ha escuchado: los inmigrantes cuestan mucho dinero al gobierno, sobre todo en materia de servicios de salud. Pero las cifras indican lo contrario: el gasto en cuidado de salud para los inmigrantes es, en promedio, 55% menor al de los nacidos en Estados Unidos.

Una serie de datos recabados por el Immigration Policy Center demuestran que los inmigrantes en Estados Unidos representan un gasto menor en materia de salud que su representación demográfica. Por ejemplo, los inmigrantes recientes, que conforman el 5% de la población total en el país, sólo generan el 1.4% del gasto público médico para adultos.

Los gastos médicos por persona entre los inmigrantes suelen estar entre la mitad y dos tercios por debajo de los nacidos en Estados Unidos con características similares. El gasto anual per cápita para los no ciudadanos es de 1,797 dólares, contra 3,702 para el promedio de los ciudadanos estadounidenses. En el caso de California, un estado con un alto índice de población inmigrante, el gasto en cuidado médico per cápita equivale al 88% de la media per capita nacional.

Con respecto al uso de la sala de emergencias, estadísticas de 2006 muestran que las ciudades con la mayor tasa de población inmigrante tienen menores tasas de ocupación en estos espacios que aquellas con menor población inmigrante.

“Siempre ha existido este mito de que los inmigrantes, legales o ilegales, cuestan más de lo que contribuyen; sin embargo uno tras otro, los estudios prueban lo contrario: que los inmigrantes no usan los servicios sociales, sino que hacen el trabajo duro y contribuyen más a la economía de lo que cuestan y esto lo vemos también en el caso de la medicina”, comentó Tom Barry, analista senior del Center for International Policy.

Para Barry resulta lógico que en los tiempos de crisis se busque a un culpable, en este caso los inmigrantes, particularmente cuando las poblaciones afectadas son las de la clase media. “Pero todo indica que los inmigrantes usan menos los servicios de salud que el ciudadano promedio”.

Un factor que influye en esta tendencia es la edad. Uno de cada cinco estadounidenses tiene 60 o más años; este sector representa una gran proporción del gasto en materia de salud; mucho más que, por ejemplo, el gasto en niños. Pero a este grupo no pertenecen las poblaciones inmigrantes, que tienden a ser jóvenes y a encontrarse en sus años productivos, en los cuales se requiere de menores cuidados.

Los adultos jóvenes, entre la edad de 19 y 29 años, son el grupo de población sin seguro médico con el crecimiento más rápido tanto en el país como en el estado de California. En 2007, uno de cada seis californianos estaba en este grupo de edad. Aproximadamente 1.4 millones de jóvenes menores de 30 años, uno de cada cuatro en el estado, no tienen seguro médico. Su perfil demográfico es mayoritariamente de bajos ingresos, latinos, y hombres.

A pesar de ello, los ciudadanos estadounidenses conforman la mayoría de quienes carecen de seguro médico, un 78%; mientras que los inmigrantes, tanto quienes se encuentran en el país legalmente como quienes son indocumentados, representan solamente el 22% de quienes se encuentran en edad de trabajar y no tienen seguro médico.

El mayor crecimiento en el número de personas sin seguro médico registrado entre el año 2000 y el 2006 fue de ciudadanos estadounidenses, que conformaron el 80% de ese incremento. Los no ciudadanos, en cambio, representan una parte importante de los suscriptores recientes a empresas aseguradoras.

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Cárcel por albergar indocumentados

Cárcel por albergar indocumentados

El propietario de una fábrica de artículos de piel fue sentenciado el martes a un año de prisión por albergar y ocultar a inmigrantes indocumentados en la planta que fue registrada por agentes en el 2007.

 

“Mi peor pesadilla”

 

Francesco Insolia, quien se había declarado culpable en noviembre, dijo en la corte que era totalmente responsable de no haber emprendido ninguna acción luego de ser informado de que en su fábrica de New Bedford trabajaban inmigrantes indocumentados.

“Soy responsable de la conducta”, dijo Insolia, mientras escuchaban más de 30 seguidores emocionados. “Nunca en mi peor pesadilla hubiera pensado que me encontraría en la posición que me encuentro hoy”, señaló.

La empresa de Insolia, Michael Bianco Inc., deberá pagar un millón de dólares por 18 cargos específicos de contratación de inmigrantes ilegales a sabiendas entre el 2004 y finales del 2006.

Cuando se realizó la redada en la fábrica en marzo del 2007, las autoridades federales arrestaron a 361 trabajadores, la mayoría de los cuales eran de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron la redada por separar familias, dejando a los niños sin el cuidado adecuado. La agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dijo que la redada fue manejada adecuadamente.

La compañía fue vendida a Eagle Industries, de Fenton, Missouri, hace más de un año.

El juez federal de distrito Douglas Woodlock dijo que recibió cartas de partidarios de Insolia y de ex trabajadores elogiándolo como patrón y por su trabajo comunitario.

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Obama revisa las normas de detención de indocumentados

a Casa Blanca prometió reconsiderar una nueva norma que requiere la aprobación al más alto nivel antes de que los agentes federales de inmigración puedan detener a fugitivos, un caso en que podría estar involucrada la tía del presidente Barack Obama, quien vive ilegalmente en Estados Unidos.

Trascendió que el gobierno del presidente saliente George W. Bush impuso la inusual orden días antes de la elección de Obama, cuya tía había estado viviendo en Estados Unidos de manera ilegal.

La orden del Departamento de Seguridad Interna fue emitida al temer los funcionarios que dichas detenciones podrían generar “una cobertura negativa en los medios de comunicación o el interés del Congreso”, según un documento federal obtenido por The Associated Press.

La orden estipula claramente que los funcionarios temían las posibles consecuencias electorales de la detención de Zeituni Onyango, hermanastra del fallecido padre de Obama. En aquel entonces la mujer residía en una vivienda de asistencia pública en Boston. Al parecer reside ahora en Cleveland.

Una copia de la directiva fue entregada a la AP hace dos meses tras haberla solicitado al amparo de la Ley de Libertad de Información. No menciona al presidente Obama ni a los miembros de su numerosa familia.

La directiva sigue vigente, dijo la vocera de Inmigración y Seguridad Aduanera Kelly Nantel a la AP.

La Casa Blanca dijo el domingo por la noche que Obama “no se puso en contacto con organismo gubernamental alguno en relación con el caso de la señora Onyango, ni representante alguno del presidente”.

Un juez de inmigración falló hace cuatro años que la tía de Obama ” que hasta hace poco residía ilegalmente en una vivienda de Boston costeada por los contribuyentes estadounidenses ” debía abandonar el país. El magistrado denegó su petición de asilo político por considerarla carente de méritos.

Tras ser conocida su situación legal, la mujer desapareció de Boston y al parecer de traslado a Cleveland, en el estadio de Ohio.

Pese a la orden judicial de deportación, Onyango se desplazó a Washington la semana pasada para la toma de posesión de su sobrino. medios de prensa la vieron en un hotel capitalino acompañada de su abogada de inmigración, Margaret Wong.

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Aplazan orden de verificar estatus migratorio

El anuncio sobre el aplazamiento fue publicado en el Federal Register, que es el órgano oficial del Gobierno de Estados Unidos.

Originalmente la medida, llamada “E-Verify”, debió entrar en vigencia el 15 de enero, pero grupos empresariales, incluyendo la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pidieron retrasarla hasta el 20 de febrero.

Como consecuencia de la decisión del Gobierno, la medida entrará en vigencia el 21 de mayo.

La norma se aplicaría a contratistas del Departamento de Seguridad Nacional que deberían constatar la situación migratoria de sus empleados en proyectos superiores a los 100,000 dólares.

“El Gobierno federal cree que la nueva administración necesita tiempo para reconsiderar (la medida), particularmente en vista de la crisis económica”, dijo Robin Conrad, del centro de Litigios de la Cámara de Comercio.

“Esperamos que la nueva administración coincidirá en que E-Verify es una solución equivocada en un momento equivocado”, añadió.

Según la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, el aplazamiento servirá para determinar si el sistema está en capacidad de afrontar la mayor carga de trabajo que supondría la nueva norma.

También dará al Gobierno del presidente Barack Obama, la oportunidad de realizar revisiones antes de aplicarla en el sector privado.

La medida, que establece que los contratistas deben verificar la situación migratoria de los trabajadores desde agosto de 2007, fue ordenada por el entonces presidente George W. Bush en junio del año pasado.

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Más abusos en la frontera

En los incidentes en los que se vieron involucradas 126 personas, el 37 por ciento de los abusos fueron cometidos en contra de inmigrantes indocumentados, un 21 por ciento contra ciudadanos de estadounidenses y un 28 por ciento en contra de personas que cuentan con algún tipo de documento válido para estar dentro del país.

De las 126 personas que reportaron haber sido víctimas de abusos, el 44 por ciento fueron hombres y el 47 por ciento mujeres; el resto fueron menores de edad la edad, informó la organización durante una conferencia de prensa en Tucson.

En su mayoría, los casos estuvieron relacionados con algún tipo de abuso verbal o psicológico, seguido de abuso físico y privación de necesidades básicas.

Un 34 por ciento de las quejas presentadas fueron en contra de la Patrulla Fronteriza, mientras que el 24 por ciento en contra de administradores de lotes de viviendas, particularmente de parques de casas móviles.

También un 11 por ciento de las quejas estuvieron relacionadas con despidos injustificados en los trabajos.

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Protesta Ecuador ante México por muerte de migrantes

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, a través de su embajador en México, Galo Galarza, hizo llegar una nota de protesta al Gobierno mexicano por la muerte de dos ecuatorianas en el estado de Chiapas, informó hoy la cancillería en un comunicado.

En el texto, la institución explicó que la muerte de las ecuatorianas Norma Dután y Leyvis Moina ocurrió el pasado 9 de enero, cuando viajaban en un camión que “transportaba emigrantes indocumentados” .

Según testigos del incidente, el vehículo “recibió disparos de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas y como consecuencia del ataque murieron las dos jóvenes ecuatorianas y otros cuatro compatriotas resultaron heridos” , señala el comunicado.

El canciller ecuatoriano, Fander Falconí, mediante una nota de protesta, pidió al Gobierno de México que “se realicen las más exhaustivas investigaciones con la finalidad de conocer la verdad sobre estos hechos y determinar los procedimientos ulteriores” .

Además, la cancillería ecuatoriana exigió al Ejecutivo mexicano “pagar los costos de repatriación de los cuerpos” de las jóvenes fallecidas, a la vez que informó que Ecuador proporciona “la asistencia necesaria a los heridos” .

De su lado, la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) de Ecuador, precisó que el suceso ocurrió en el centro ecoturístico Arcotete, en San Cristóbal de las Casas.

La Senami indicó que el reclamo a México incluye la solicitud a las autoridades de ese país para que cubran los gastos de repatriación de los cadáveres de las dos fallecidas hasta el cantón Alausí, en la provincia andina de Chimborazo, en el centro andino de Ecuador.

Asimismo, la Secretaría ha solicitado a la Embajada de Ecuador en México que reclame, “eventualmente, las indemnizaciones para las familias de las fallecidas y las personas que resultaron heridas” en la operación policial.

Precisó que según informaciones proporcionadas por el Consulado, los ecuatorianos Cristian Javier Muso Guanoluisa, Manuel Tobías Marca Once, Segundo Alejandro Cánchig Caiza y Luis Antonio Zumba Pauta fueron atendidos de las heridas en el Hospital Regional del Estado de Chiapas, aunque el último de ellos ya fue dado de alta y trasladado a un albergue.

Respecto a la situación de la ecuatoriana Marcia Mina Cabrera, quien resultó ilesa en el incidente, la Senami ha requerido “información sobre su localización, así como sobre su estado de salud física y emocional” .

La Senami recuerda en su texto que recientemente se registró otro hecho similar en el Departamento mexicano de Veracruz, en el que falleció un ecuatoriano, que también provocó la reacción del Gobierno de Quito, que presentó una nota de protesta ante el de México.

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Limbo migratorio para los que no renovaron el TPS

A más de una semana de que finalizara el período de reinscripción del Estado de Protección Temporal (TPS), cientos de salvadoreños, de los miles que se han quedado sin renovar su permiso migratorio, aún intentan no perder el beneficio de trabajar y residir legalmente en Estados Unidos.

María Vallejo es una de las personas que buscó ayuda el pasado viernes en el Consulado de El Salvador en Los Ángeles y que logró enviar su solicitud nuevamente.

“Perdí mi trabajo en abril y no he podido encontrar otro trabajo. La situación económica está muy difícil y no podía pagar la renovación. Hasta ayer conseguí que mi hermano me prestara el dinero para pagar el trámite”, dijo Vallejo, quien agregó que tuvo que elegir entre tener un lugar donde vivir, darle de comer a sus hijos o renovar su permiso de trabajo antes de la fecha límite del 30 de diciembre del 2008.

La renovación del TPS tiene un costo de 420 dólares por persona.

Las últimas cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) del 2 de enero revelan que se registraron 123,084 salvadoreños de los 229,000 elegibles, 54,581 hondureños de los 79,000 que calificaban y 2,379 nicaragüenses de los 3,500 registrados anteriormente.

Sharon Rummery, portavoz del USCIS, dijo que es lamentable que tantas personas no hayan renovado a tiempo el TPS y que estén en peligro de perder el beneficio legal.

“Aún faltan algunas solicitudes por procesar y han continuado llegando otros formularios por correo, pero no es significativo la cantidad que ha estado llegando en estos días”, manifestó Rummery, agregando que posiblemente tendrán un conteo final esta semana.

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Ven en Barack Obama esperanza para inmigrantes

La elección del afroestadunidense Barack Obama como presidente de Estados Unidos significa para la comunidad extranjera en este país un orgullo y la esperanza de un cambio en sus condiciones de vida, consideró hoy una coalición proinmigrante.

La comunidad migrante en Estados Unidos espera que Obama, como hijo de un inmigrante keniano, tenga mayor sensibilidad para abordar los problemas de este sector, dijo Joshua Hoyt, director general de la Coalición pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

Destacó, además, que el voto inmigrante, y en especial el hispano, le otorgó el triunfo al senador demócrata por Illinois, “con lo que se ha ganado el respeto ante el futuro mandatario y demandará de él un gobierno incluyente de todas las razas”.

La coalición -que agrupa a más de 120 organizaciones- encabeza una petición que se le hizo a Obama como candidato, la cual consiste en entregar durante los primeros 100 días de su gobierno un plan de reforma migratoria.

“Por ello vamos a movilizar a los inmigrantes un día después de que Obama tome posesión de su cargo -el cual asumirá el 20 de enero próximo-, para celebrar con él esta victoria y al mismo tiempo recordarle su compromiso”, expuso Hoyt.

Precisó que el plazo no significa que en 100 días se tenga una reforma, pero se espera al menos observar un interés por parte del nuevo gobierno estadunidense para definir un proyecto de ley.

Consideró que los inmigrantes requieren ahora unirse a otros sectores sociales para trabajar en temas de educación, justicia, servicios médicos, entre otros, y definir propuestas que puedan plantearse al nuevo gobierno.

El director de ICIRR comentó que esta coalición llevó a cabo un trabajo muy intenso en el estado de Illinois para sacar a la comunidad inmigrante a votar, la cual no solo otorgó una gran cantidad de votos a Obama.

“Se lograron otros triunfos, como el mantener en el cargo al demócrata Bill Foster, a quien la comunidad inmigrante eligió en marzo pasado como congresista federal por un distrito electoral tradicionalmente republicano”, dijo.

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Protegiendo los derechos de los inmigrantes

María Miranda* nació en México y emigró a los Estados Unidos, donde vivió por muchos años con su marido en Oakland, dedicándose a las tareas del hogar. Su esposo la mantenía económicamente pero a cambio la golpeaba y abusaba verbal y físicamente de ella y hasta llegó a amenazarla de muerte.

La violencia hacia las mujeres se agrava cuando las víctimas carecen de documentos legales; el abusador piensa que su víctima por su estatus ilegal, no se va a animar a denunciarlo.

María sin embargo se animó a romper el silencio e hizo su denuncia en la policía. “Al principio yo era golpeada, era maltratada y no me animaba ni a ir a la policía, no me animaba a reportarlo, duré meses así, con miedo” recuerda María.

“Finalmente cuando fui a la policía me encuentro con el problema de que no me entienden por el idioma, que los policías no hablan español”, agrega.

Con la ayuda de una amiga que fungió como intérprete, María pudo hacer la denuncia y a partir de ahí empezó a buscar apoyo en grupos de mujeres víctimas de violencia doméstica.

Así llegó a una iglesia donde le recomendaron que se acercase a Mujeres Unidas y Activas, donde le notificaron sobre algo que no sabía: por haber sido víctima de violencia doméstica y por haber reportado a su agresor a la policía y por ser su marido residente legal en los Estados Unidos, reunía todos los requisitos para ser partícipe del programa V.A.W.A. (Violence Against Women Act). A través de éste pudo solicitar una visa temporal para permanecer legalmente en este país.

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El Clima

Shreveport
September 4, 2010, 9:43 am
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